La carta

La semana pasada los medios de comunicación divulgaron una carta de tres de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) donde alertan al gobierno sobre   la insuficiencia de recursos y el peligro de interrumpir la prestación de servicios a sus afiliados y de incumplir los requisitos financieros exigidos por la ley.

Las EPS pusieron las alertas sobre la insuficiencia del valor que les reconocen por afiliado, el método de cálculo y el pago de cuentas pendientes de años anteriores.

Una semana después, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, el equipo del Ministerio de Salud y Protección Social y las EPS se reunieron para analizar la situación.

Al finalizar la primera mesa de trabajo, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía, informando que no habría suspensión de los servicios y que el gobierno cuenta con los recursos presupuestados para atender a cada uno de los colombianos.

La carta enviada por Sanitas, Sura y Compensar causó sorpresa debido a ser las tres que son reconocidas hoy por hoy como la tres que prestan mejores servicios. La carta por eso inquieta a muchos colombianos: ¿Cómo entender la alerta de estas tres EPS? ¿Son suficientes los recursos para garantizar las necesidades de salud de los colombianos?

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¿Es suficiente el presupuesto de salud?

La primera alerta de las tres EPS se refiere a la insuficiencia del pago por cada afiliado o Unidad de Pago por Capitación (UPC) para atender las necesidades del sistema. Se trataría de un desajuste en el costo estimado de los servicios que se arrastra desde 2022 y que no se corrigió totalmente en la UPC fijada para el 2023.

El gobierno responde que, honrando el compromiso de mejorar la salud de los colombianos, este año aumentó un 16 % en el valor por afiliado, por encima de la inflación acumulada durante al año pasado, que fue del 13,12 %.

Esta respuesta es válida, pero elude la pregunta clave para los colombianos: ¿Se están asignando los recursos suficientes para financiar los servicios de salud que necesitamos? La respuesta a esta pregunta tiene matices y depende de factores que no siempre están bajo control del gobiern0: son cuestiones que deben reflejar acuerdos nacionales sobre las prioridades de gasto público.

Pero el debate de coyuntura sacó a la luz varios asuntos sobre los cuales se esperan decisiones en las próximas semanas.

Determinar la suficiencia o insuficiencia del presupuesto asignado a la salud implica revisar las condiciones de financiamiento para el cierre del año, es decir, la suficiencia del presupuesto actual, incluyendo las adiciones en trámite para 2023.

Por ejemplo, según el informe de ejecución de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a julio de 2023, el rubro máximo asignado para los gastos del año en curso (sin incluir vigencias anteriores) disminuyó de manera inexplicable en cerca del 27 % con respecto al 2022. Esta situación es inexplicable porque no corresponde al aumento de los precios ni a los patrones de gasto del sistema en vigencias anteriores.

Este recorte presupuestal pone además en riesgo la capacidad de financiamiento del sistema y el acceso de medicamentos especializados, necesarios para grupos de pacientes como los de enfermedades huérfanas.

El valor de la UPC

Además de discutir la suficiencia del presupuesto del 2023, hay que abrir y acelerar la revisión del valor de UPC proyectado para el 2024. En los datos que se utilizan para el cálculo existe espacio para corregir el rezago de la información utilizada para decidir sobre el particular.

El valor anual de la UPC es una estimación del gasto esperado en las atenciones de salud, que puede tener desajustes debido al cambio en los patrones de uso de servicios y que deben corregirse año tras año para evitar desequilibrios que se traducen en atraso de pagos, deterioro de patrimonios y problemas de acceso a servicios de salud.

A punto de comenzar la discusión del presupuesto para el 2024, las decisiones de las mesas de trabajo deberían implicar la actualización de datos y parámetros para determinar el valor de la UPC, un insumo que a su vez debería alimentar la discusión y aprobación del presupuesto de ADRES y las líneas de salud del Presupuesto General de la Nación para 2024.

¿Cuál es entonces el valor de la UPC a reconocer para el 2024?  ¿Y es suficiente el presupuesto planeado para 2024 para financiar las necesidades de salud de los colombianos?

Los continuos desajustes y la acumulación de deudas del sector salud muestran la necesidad de evaluar técnica y prospectivamente la suficiencia de recursos para financiar los servicios que nos hemos prometido como Estado. Por eso se necesita una evaluación del método de cálculo, incluyendo el enfoque de eficiencia y equidad.

Para estimar el valor adecuado de la UPC habría entonces que considerar factores como los cambios demográficos, epidemiológicos y de los riesgos a la salud para las EPS. También habrían de tenerse en cuenta las causales de inequidades geográficas en el acceso a los servicios de salud, que hoy se reflejan en los patrones diferenciales de gasto entre los regímenes y regiones del país.

En esta coyuntura de mesas técnicas, sería oportuno que el gobierno conformara un grupo de expertos que examine distintas alternativas para el cálculo de la UPC y evalúe sus implicaciones en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema.

No menos importante, la discusión de suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud debería estar presente en el marco del acuerdo nacional, más aún cuando este asunto no figura en el proyecto de reforma del sector que propuso el gobierno.

Para garantizar el derecho a la salud se necesitan formas e instrumentos modernos para el análisis y la planeación con ajustes de mediano o largo plazo, sujetos al debate y acompañadas de espacios de participación ciudadana de decisión del financiamiento.